Margarita DucciCorría 2009 y Chile estaba ad portas de formalizar su ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En ese mismo instante, el país ya se comprometía a enfrentar nuevos desafíos en materia medioambiental, sustentados en la generación de políticas públicas que apostaran por un ecosistema natural y libre de contaminación.

Cuatro años antes, la OCDE ya nos hacía las primeras “sugerencias” en términos estrictamente medioambientales, vinculados a diversos ejes temáticos, entre ellos: Aire; Recursos Naturales y Biodiversidad; Residuos Sólidos; Cambio Climático; y Agua; tareas que, hasta ahora, han pasado a quedar postergados en la institucionalidad chilena, debido a temas coyunturales que han tomado protagonismo.

La creación de los ministerios de Energía y Medio Ambiente son parte de los “compromisos” de Chile con la OCDE, pues se necesitaba de un entramado gubernamental que fuera capaz de abordar estas temáticas, a través de proyectos claros y específicos. Sin embargo, la discusión por la conservación de recursos naturales y la definición de nuestra matriz energética –contenidos directamente relacionados con las carteras antes mencionadas-, recién está formando parte de la agenda estatal.

Allí pareciera estar el fondo del descontento social con las decisiones que los últimos gobiernos han tomado frente a proyectos que, lisa y llanamente, atentan contra lo que ellos dicen defender. Pero, si trasladamos el tema a la calle, la situación se torna todavía más confusa. De acuerdo a la última Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre percepción medioambiental, los chilenos aún no toman en serio el cuidado del entorno, debido a que la investigación arrojó que el “medioambiente” aparece como una de las últimas prioridades a las que el Gobierno debiera prestar mayor relevancia (número 12 en una lista de 15 preferencias). ¿Será, entonces, que los “ambientalistas” chilenos están de moda? o bien, ¿las manifestaciones contra los megaproyectos se han desviado hacia un sentido político?

Pese a lo anterior, la Encuesta CEP realizó preguntas específicas para este tema particular, dejando entrever que un 65% de los consultados piensa que nuestro país está haciendo “demasiado poco” en materia medioambiental, mientras que el 24% de las personas cree que se está haciendo “la cantidad correcta”.

El mejor caso para ejemplificar esta situación es HidroAysén, pues enfrenta en un debate técnico a los ministerios de Energía y Medio Ambiente, con la esfera social como juez de esta pugna. Por una parte, es sabido que el crecimiento país está directamente relacionado al consumo energético, y que para alcanzar el desarrollo antes de que finalice esta década se deberá aumentar la generación eléctrica. Por otra parte, está el cuidado y la protección del entorno que servirá para generar esa electricidad. El tema está en cómo, finalmente, se abordarán esos proyectos.

Claro, se trata de visiones diametralmente opuestas, pero que deben converger a favor del ecosistema. En este escenario, es el Ministerio de Medio Ambiente el que pareciera llevar la delantera, pese a su “juventud” institucional,  ya que dentro de sus funciones está “colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus planes y políticas, evaluaciones ambientales estratégicas y procesos de planificación, así como en la de de sus servicios dependientes y relacionados”, es decir, debe funcionar como guía medioambiental para las acciones que desarrollen las otras carteras.

Sin embargo, si analizamos esta problemática desde su base, es posible entender el descontento social generalizado con la construcción de HidroAysén. Mientras Noruega cuenta con el 99%  de su matriz en base a hidroelectricidad, Brasil hace lo propio, concentrando un 83% de su generación eléctrica en torno a la misma fuente energética. En Chile, las cosas parecieran no estar muy claras. Y cómo no, si nuestro país aún no tiene definidos los porcentajes de fuentes energéticas que sustentarán la matriz, que desde el Sistema Interconectado Central (SIC) abastece a más del 90% del territorio nacional.

Por lo mismo, pensar en que el ingreso de nuestro país a la OCDE nos va a solucionar los problemas medioambientales, sería un grueso error, puesto que la entrada de Chile al “Club de las Buenas Prácticas” significa aprender una asignatura con prerrequisito, a la que Chile llegó con mala base, por lo que hay que proponerse definiciones estratégicas con urgencia.

Margarita Ducci

Directora Ejecutiva Red Pacto Global Chile

Universidad Andrés Bello

 

25 Oct , 2011 0 Comments Noticias, Vitrina de Opinión