El pasado jueves 4 de mayo, la Comisión de Relaciones Laborales de Pacto Global abordó las bases jurídicas para la Inclusión laboral de Personas con Discapacidad (PcD), instancia que fue dirigida por la experta en Derecho del Trabajo y Seguridad social, Leonor Cifuentes.

La abogada explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue la primera entidad en establecer normas globales para la reincorporación laboral de los heridos en las dos guerras más grandes de Europa. Desde aquel entonces, la inserción laboral de Personas con Discapacidad comenzó a tomar cada vez mayor relevancia.

De acuerdo al Convenio 159 de la OIT, el estado debe garantizar el acceso al trabajo digno, igualdad de oportunidades y trato laboral, además de una readaptación profesional para Personas con Discapacidad. Se trata del séptimo tratado en materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el primero con alcance mundial.

En esta línea, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, emitida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se convirtió en la primera instancia de sanción para actitudes discriminatorias.

En 2007, el ex Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) fue el órgano encargado de apoyar al Gobierno en la aplicación de la Convención Interamericana. Así, a fines de 2008, el gabinete de la Secretaría Ejecutiva del organismo gubernamental entregó una propuesta de parámetros para fijar puntos de partida, establecer metas y medir los avances en el cumplimiento de dicha convención.

En resumen, la no aceptación de lo diverso, fue el principal factor que llevó a México a convertirse en uno de los precursores en el apoyo a la antidiscriminación en la Convención de la OEA, que por ese entonces también trataba de luchar contra el racismo.

De esta manera, Chile se sumaba al cambio de paradigma en materia de discapacidad, asumiéndola como “una cuestión de Derechos Humanos, en que el “problema” de la discapacidad está localizado en el entorno socio-cultural y físico”.

Legislación nacional

La ley N°20.422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, entró en vigencia el 10 de febrero de 2010, y se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.

A través de la creación de un Comité de Ministros, un Servicio Nacional de la Discapacidad (sucesor legal del Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS) y un Consejo Consultivo, se pretendió abordar el desafío que genera la plena inclusión social de las personas con discapacidad.

En este sentido, la experta afirmó que “si bien, no hay una sanción al prejuicio, al estigma social o al desconocimiento, la ley establece que cualquier acción u omisión que perjudique a una Persona con Discapacidad, debe ser duramente castigada”.

Asimismo, la abogada Cifuentes reconoció que “el proceso de lucha contra la Discriminación de Personas con Discapacidad radica en un cambio cultural urgente y en sanciones cada vez más duras”.

Cómo abordarlo desde la empresa…

Según cifras del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría entre 5 y 6 puntos si las empresas optaran por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. A ello, se suma un mayor ingreso fiscal por pago de impuestos.

A nivel empresarial, las organizaciones y sus comités paritarios deberían canalizar los ajustes necesarios para mejorar la estadía de una persona con discapacidad, a través de una medida de adecuación accesible del ambiente para que dicha persona pueda desarrollar sus labores, sin que ello signifique una carga económica desmesurada para la entidad.