En diciembre 2009 se publicó el proyecto de norma de emisión y termoeléctricas que regulaba las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno, y dióxido de azufre de las termoeléctricas nuevas y antiguas. La norma exige el estado del arte de reducción de emisiones, y reduciría en un 80% las emisiones de material particulado. Una norma que trae 3 veces más beneficios ambientales (valorizado en enfermedades y mortalidad prematura evitada) que los costos a los privados, y con un efecto marginal en las tarifas eléctricas. Una norma que además hoy nos permite evaluar las externalidades ambientales por MWh (un valor de 23 USD/MWh, basado en el estudio de Galetovic 2013) de la generación a carbón en Chile. Nada despreciable considerando que el costo medio de generación de una central a carbón está entre 80 a 90 USD/MWh. Es decir entre 25 a 28% de sobrecosto no considerado como costo directo.

En junio del 2013 vencía el plazo de publicada la norma un porcentaje importante de las centrales no ha cumplido el requisito básico de monitorear sus emisiones. Y en 6 meses más deberán tener instalados filtros de mangas, o precipitadores electroestáticos si es que estas son centrales existentes en zonas saturadas por contaminación. Si ha costado tanto algo básico como medir emisiones, uno podrá pensar de que la instalación de tecnología de abatimiento, que técnicamente es más complejo y caro, podrá sufrir similar demora. Y recordemos que el anteproyecto que cerró un proceso de participación con el sector generador terminó en diciembre 2009. Hace cuatro años. Es decir, no hay mucho pie para seguir postergando requerimientos que son fundamentales para la buena convivencia del sector con la comunidad. Pero el sector en vez de cumplir ha optado con pedirle al Presidente que considere una nueva postergación del cumplimiento de la norma.

Eso ocurre cuando el presidente dialoga directamente con el sector, y bypassea la institucionalidad ambiental como ocurrió con Barrancones.

Pero adicionalmente este año ha sido complicado para la operación de las centrales termoeléctricas por temas no regulados en la norma de emisión. En Febrero 2013 ocurre una muerte masiva de langostinos que puso en alerta a la comunidad Luego de una investigación de 6 meses la Superintendencia de Medio Ambiente formuló varios cargos claves que develan un incumplimiento grave de la resolución de calificación ambiental por parte de la Central Bocamina II. Las acusaciones muestran de que la descarga de agua caliente residual de la central no ocurre 30 metros mar adentro, como estipula el Estudio de Impacto Ambiental, sino que una descarga en la playa. Se constata de que el sistema de reducción de azufre estaba en construcción siendo que la planta operaba en forma plena. Y además se constata de que no hay medidas para resguardar la entrada de especies marinas . Y por cierto no se entregó ante requerimiento de la Superintendencia el registro del monitoreo continuo de emisiones. Por otro lado la comunidad pidió un recurso de protección ante la operación no regulada de la central, que ha tenido modificaciones en su operación sin entrar a una evaluación de impacto ambiental (fue rechazada la declaración que se presentó hace un par de años). Ante estos antecedentes el Poder Judicial se ve obligado a paralizar la central. Y luego empieza el coro contra la judicialización y el riesgo de paralizar obras de este estilo. Situación similar ocurrió en la central de Ventanas, que tuvo que paralizar su operación por la entrada “imprevista” de especies de sardinas, lo que causó una mortalidad masiva que varó en la playa. Otra situación que será investigada por la Superintendencia.

Pierden fuerza los argumentos del sector generador de que hay una ciudadanía demandante y poco razonable, ante incumplimientos tan graves y flagrantes. La certidumbre judicial de la operación de los proyectos es definida por la calidad ambiental de estos. La situación es clara, la ciudadanía no va a tolerar malos proyectos, y estos deben operar sin margen de error. Los “imprevisto” es inaceptable como justificación de errores de diseño. Es necesario trabajar a la brevedad en exigir la mejor tecnología disponible en enfriamiento de agua, como se discute hoy en Estados Unidos para las centrales termoeléctricas existentes  que recomienda no tener sistemas de enfriamiento de una pasada. Es necesario requerir sistemas de enfriamiento de ciclo cerrado que reducen la destrucción de especies marinas en un 98%. Por otro lado este tipo de instalación es clave para que las centrales que piden certeza judicial y regulatoria, no paren por un mal diseño en la captación de aguas, completamente evitable.

Lo importante que el sector tenga claro es que más reglas reducen la incertidumbre. La norma de emisión de termoeléctricas ha sido clave en la aceptación social de la generación convencional, pero sin una actualización de requerimientos básicos en los sistemas de enfriamiento los proyectos seguirán teniendo rechazo, en particular de pescadores que ven estas actividades como un riesgo a su bienestar económico. Una opción que han explorado países escandinavos es utilizar el agua caliente residual para distribuir entre los vecinos en la forma de calefacción distrital. De esa forma una central termoeléctrica cerca puede ser una ventaja. Y una problemática como el agua caliente que sobra y mata peces, puede ser una solución a la demanda de calefacción de la zona que algunas veces proviene de combustibles incluso más sucios como la leña.

Marcelo Mena

Director del Centro de Sustentabilidad UNAB

10 Feb , 2014 0 Comments Noticias, Vitrina de Opinión