La corrupción es uno de los grandes desafíos para los sectores público y privado a nivel internacional, que está siendo abordado a través de la creación de normativas cada vez más estrictas y de la autorregulación respectivamente. Si bien la lucha contra las malas prácticas es un esfuerzo colectivo, la proactividad del sector privado es clave.

Para las compañías, caer en prácticas corruptas supone un ataque contra su propia sustentabilidad en el mediano y largo plazo, incurriendo en riesgos financieros, operacionales y reputacionales. Como se ha señalado, existe un avance de las regulaciones nacionales e internacionales al respecto, que puede llevar a las empresas a tener que afrontar sanciones monetarias, así como de paralización o cierre de operaciones. Además, la confianza de los diferentes grupos de interés se vería seriamente dañada, en línea con el descrédito reputacional.

Los clientes, podrían llegar a cancelar contratos por miedo a ver afectada su imagen, así como por el incumplimiento que el proveedor estaría realizando de sus requerimientos en materia de ética y probidad. Los colaboradores verían mermado su compromiso, afectando a la productividad y el funcionamiento de la compañía. Respecto a los inversionistas, se generaría su retirada, aumentando las exigencias respecto de los controles internos a la hora de participar de una sociedad.

Existen consecuencias también en la sombra, sin necesidad de que los casos salgan a la luz. El costo de los negocios aumenta, cuantificado en un 10% adicional (Global Compact, 2011), y la compañía se convierte en diana de las redes de abuso de poder, ya que una vez que se cae en el pago de sobornos es difícil parar, dado que los interlocutores asumen que existe una “disposición a ceder” por parte de la empresa. Además, incurriendo en entregas financieras o de otro tipo de patrimonio, se está contribuyendo al desvío de recursos destinados al desarrollo sostenible, meta colectiva del sector privado, las administraciones públicas, y las organizaciones de la sociedad civil.

Llegado este punto pensarán, ¿por qué hablar ahora de la corrupción y sus consecuencias? En primer lugar, este tema ha de estar siempre presente al momento de la toma de decisiones, ya que constituye uno de los grandes aspectos a resolver para un funcionamiento equilibrado y justo de la sociedad. Pero además, es el momento de echar la vista atrás respecto de una de las grandes iniciativas internacionales para sumar al sector privado a esta lucha, los diez años del décimo principio de Pacto Global, incorporado en 2004 a partir de los planteamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), firmada el año anterior y que entró a regir a partir de 2005.

Con las perspectiva del tiempo, el décimo principio ha contribuido a que las empresas estén más sensibilizadas respecto de la necesidad de actuar con diligencia debida al momento de la toma de decisiones susceptibles de ser objeto de corrupción. Ello, unido a la presión legal y de los grupos de interés, han llevado al fortalecimiento de las autorregulaciones y los procesos de control interno, tanto de las compañías como de su cadena de suministro. El triple enfoque de acción que propone Global Compact, combinando actuaciones propias internas y externas, así como el esfuerzo colectivo (ver Figura), refleja de manera certera como las compañías se han ido sumando al desafío de erradicar la corrupción en todas sus formas.

Pero el trabajo continua, y en la actualidad se está estudiando cómo se incorporará la temática en la Agenda de Desarrollo post 2015. Sin duda, actuar respecto de la corrupción será clave para las tres prioridades que se están definiendo en relación al desarrollo sostenible: crecimiento inclusivo, igualdad social y progreso, y protección medioambiental.

La madurez del principio anticorrupción en las empresas

10 Feb , 2015 0 Comments Vitrina de Opinión