Se trata del Programa de Consumo y Producción Sustentables (PNCS), que fue aprobado la en el último Consejo de Ministros por la Sustentabilidad (Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, OOPP, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación), después de dos años de trabajo por parte del Comité Interministerial de Consumo y Producción Sustentable.

Cabe destacar, que este grupo está conformado por 16 entidades estatales, además de asesorarse por un Comité Consultivo especial, conformado por actores como la Sofofa, Fundación Chile, Codelco, CUT y la Federación de Empresas de Turismo, de acuerdo a lo publicado por HubSustentabilidad.

Es decir, se trata de un plan para permear de sustentabilidad a las políticas públicas de las distintas entidades del Estado y por añadidura, al sector privado. En este aspecto, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se transforma no sólo en una cartera que regula, hace planes y normas; sino que además propone y coordina un crecimiento sustentable en base a ciertas líneas de acción, definidas por el programa como construcción, industria, información al consumidor, sistema alimentario y turismo.

La inspiración de este plan está en el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP, su sigla en inglés), a partir del cual varios países han desarrollado estrategias. Además, esta materia se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 de las Naciones Unidas (ODS), que Chile se comprometió a realizar.

Más de 150 iniciativas

Para entender más los objetivos del programa, un buen ejemplo de crear políticas sustentables fue la decisión de ChileCompra de lanzar el sitio www.comprassustentables.cl, donde entrega orientaciones a las entidades públicas sobre criterios sustentables en materias como la adquisición de vehículos, lámparas, papel y productos de calefacción. A su vez, influye también a los proveedores para fomentar la venta de bienes y servicios con criterios de sustentabilidad.

La idea es aumentar ese tipo de proyectos en todo ámbito. Para ello, la meta del programa es ejecutar un plan en dos etapas. Una de 2016 a 2020 y la otra de 2020 a 2025.

El rol privado

Para el Gobierno es clave que el sector privado se suba a este carro, como ya sucedió con la Ley REP.

Se conformarán grupos de trabajo por cada línea de acción, quienes tendrán la misión de priorizar las iniciativas, evaluando su factibilidad de implementación, incluyendo criterios económicos, explorar alternativas de financiamiento disponibles y/o fortalecer sinérgicas entre actores claves para lograr materializar los proyectos.

Los grupos de trabajo contarán con un “punto focal” o “embajador” del sector público y estará integrado por miembros del Comité Interministerial, Comité Consultivo y otros actores de la sociedad civil. Además, las iniciativas serán evaluadas en base a indicadores incluidos en el Informe del Estado del Medio Ambiente que elabora el MMA anualmente.