Una batería de vehículo se demora cerca de mil años en degradar. Se estima que en Chile se desechan cerca de 2.400 toneladas de baterías al mes, lo que corresponde a 160.000 unidades, considerando que cada una pesa en promedio 15 kilogramos.

De acuerdo a lo publicado por Hub Ssutentabilidad, este elemento es clave en el funcionamiento del transporte, es quizás uno de los objetos más contaminantes de los que se desechan, no sólo por sus ácidos y el plástico sino, principalmente, por el plomo.

En nuestro país, la empresa Recicladora Ambiental (RAM) – Recimat es la única que tiene los permisos y tecnología para reciclar las baterías, separar sus elementos y darle un nuevo uso. Su historia comenzó el 2004, con la promulgación del DS N°148 sobre residuos peligrosos, el cual obligaba a ciertas industrias, como la minera, a hacerse cargo de sus desechos. Las minas de cobre habían acumulado en su patio trasero una sustancia denominada “borra anódica”, que básicamente es un residuo de plomo que se desprende del desgaste de los ánodos (placas de 6 milímetros de grosor que contienen a los cátodos de cobre que luego se exportan).

Según Ivo Ivicevic, gerente de medioambiente de Recicladora Ambiental-Recimat, al 2004 la minería de cobre chilena había acumulado 2.000 toneladas de borra anódica. “Era un pasivo ambiental del que había que hacerse cargo. Implementamos un horno de fundición, refinación y reciclaje, convirtiendo todo en plomo metálico utilizado para fabricar nuevos ánodos”, comenta Ivicevic desde Calama, donde se encuentra la planta principal de esta compañía.

Pero en tres años se acabaron las 2.000 toneladas de borra y la industria minera producía sólo 200 toneladas mensuales, cifra que no justificaba las grandes instalaciones, horno y refinadora que habían implementado. Fue cuando se les ocurrió utilizar la misma infraestructura y procesos para reciclar las baterías, las que tienen un fuerte componente de plomo. “Presentamos un proyecto grande y hasta el día de hoy estamos tratando legalmente todas las baterías de Chile. Existieron algunas empresas que intentaron hacer lo mismo, pero tuvieron que cerrar por algunos temas ambientales”, agrega el ejecutivo.

El proceso

RAM tiene una red logística en todo Chile para retirar las baterías y disponerlas en tres galpones con una capacidad de 3.000 toneladas, que se encuentran en su planta de la Región de Antofagasta. Las baterías se van por una cinta hasta un molino de trituración que, por un lado separa el componente de plomo y por el otro, los sulfuros, que son enviados a otra instalación para ser neutralizados.

En este proceso se utiliza agua industrial para lavar el plástico, la cual es recuperada para circular nuevamente por el sistema. El plástico pasa a una planta granuladora y pelletizadora. Luego, el pellet se exporta a Brasil y Colombia para fabricar nuevas baterías.

El plomo, por otro lado, ingresa a un sistema de tornillo sinfín, para pasar a una red de dosificadores donde se mezcla la pulpa del plomo con los insumos y se incorporan en el horno de fundición. Resultado final: plomo metálico. “Cerca de 800 toneladas se exportan para la fabricación de nuevas baterías (a la empresa Johnson Controls) y 400 toneladas las manejamos internamente para hacer nuevos ánodos para la minería”, apunta el gerente de medioambiente de Recimat y agrega: “De esta forma, exportamos plomo e impedimos que ingrese plomo a Chile”.

La planta en Calama significó una inversión de US$12,5 millones, donde gran parte de este monto está enfocado a medidas de control, personal, seguridad y medioambiente.

Exportación ilegal

Según la capacidad y tecnología de sus plantas, Recimat está autorizada para procesar 4.123 toneladas mensuales de baterías, lo que corresponde a 275 mil unidades. Pero mensualmente, entre baterías y pulpa (que están en el interior), reciben 1.700 toneladas mensuales, o sea, cerca del 70% de las baterías que se desechan en el país.
¿Qué pasa entonces con el otro 30%?

Actualmente existe un sector ilegal que funde y exporta plomo contraviniendo la legislación nacional e internacional que, según el ejecutivo, quiere presionar para que Chile derogue el DS N° 2 del ministerio de Salud que prohibe la exportación de baterías de plomo mientras exista capacidad de tratamiento en Chile.

“Se trata por un lado de fundiciones ilegales y por el otro, de empresas que exportan este material peligroso principalmente a Perú. Para así obtener mayores ganancias aprovechando el menor desarrollo de normativa ambiental que tiene el país vecino”, indica Ivo Ivocevic.

Para hacerse una idea, durante febrero pasado, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana cerró dos plantas de acopio clandestinas. En una de ellas se acumulaban cerca de 500 toneladas de baterías.

Muchas veces las plantas clandestinas se encuentras cerca de zonas pobladas y ríos. “Efectivamente, hay una cantidad de baterías que la gente tiene aún en sus casas, la cual no llega al 5%. El resto (25%), claramente tiene un tratamiento ilegal. La Ley REP podría ayudar a mejorar esto porque, en teoría, obligaría al fabricante e importador de las baterías a que se haga cargo de su producto desde la cuna a la tumba”, concluye el ejecutivo.