El soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan a los países en vías desarrollo 1,26 billones de dólares al año.  Estas malas prácticas se dan en todos los sectores de la sociedad y en todo tipo de países del mundo, pero con mayor incidencia en regiones en vías de desarrollo.

En consecuencia, la corrupción dentro de las organizaciones corresponde a uno de los mayores desafíos a escala mundial, ya que se considera uno de los grandes impedimentos para alcanzar el Desarrollo Sostenible, socavando la democracia y el estado de derecho, afectando a las comunidades más vulnerables, a través de la desigualdad económica, menoscabando la calidad de vida y violando la seguridad humana.

La corrupción afecta infinitamente más a las personas en situación de pobreza, porque desvía los fondos destinados al desarrollo y limita a los gobiernos la capacidad de entregar servicios básicos, alimentando el incremento de la desigualdad en países menos desarrollados.

Es por esto que en 2003 se crea la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que tiene como objetivo generar la cooperación de la sociedad civil y organizaciones privadas, para la regulación de la corrupción, relevando la importancia del establecimiento de alianzas para el cumplimiento de las metas propuestas actualmente en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen en su centro a las personas y sus derechos fundamentales.

La convención introduce un conjunto de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes políticos y su legislación y reglamentos, adoptando medidas preventivas y tipificando las formas de corrupción más frecuentes en el sector público y privado. Este marco deber servir de base para los estados y guiar su actuar, sin embargo, se deben tener en consideración las condiciones sociopolíticas y económicas de cada región.

En base a lo anterior, es fundamental el compromiso del sector privado en la toma de medidas en contra de la corrupción. Como actores de suma relevancia, deben incrementar de manera acelerada su participación en adopción de estrategias relacionadas a su gestión empresarial, haciendo de la Sostenibilidad un eje transversal de su actuar.

En Chile, son cada vez más las empresas y organizaciones que han tomado cartas en el asunto y han establecido medidas simples, pero con gran impacto, como lo son: la rendición de cuentas, la creación de manuales de comportamiento ético, capacitaciones, monitoreo constante, informes periódicos e incluso, juegos de dilemas éticos.

Sin embargo, nos estamos quedando cortos, si bien la contribución de estas iniciativas puede ser positiva, creo que debemos pasar a un siguiente nivel en la lucha contra la corrupción, y esto solo lo podremos lograr estableciendo normativas intersectoriales, transversales y regeneradoras para acabar con la “anticultura” de corrupción, que amenaza las instituciones.

Avanzar de forma transparente hacia el Desarrollo Sostenible conlleva una responsabilidad de todos, la invitación es a ser parte activa del cambio y no esperar remedios mágicos a una enfermedad contagiosa.

Margarita Ducci – Directora Ejecutiva Red Pacto Global ONU