- En la ocasión se abordó el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10, sobre Reducción de las desigualdades; y el Objetivo 16, sobre Paz, justicia e instituciones sólidas; los cuales tienen como propósito promover la inclusión social, económica y política de todas las personas; garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas; y crear a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
En el auditorio de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, la Red Pacto Global Chile realizó el Encuentro de Anticorrupción “Compliance Corporativo y Agenda 2030: Desafíos y Riesgos desde la perspectiva de los RightHolders”. La instancia contó con la destacada presentación de Francisco Sánchez Lay, especialista en Anticorrupción y asesor senior del PNUD Chile, quien expuso sobre compliance, corrupción y Derechos Humanos respecto a la Agenda 2030.
En su ponencia, Francisco Sánchez Lay, explicó que la Agenda 2030 es un hito clave para la anticorrupción, ya que resalta la importancia de promover la transparencia, rendición de cuentas, estableciendo un vínculo explícito entre la corrupción y la paz, la justicia y las sociedades inclusivas.
En relación al sector privado, el especialista dijo que las medidas de anticorrupción han formado parte medular de los sistemas de compliance, en una cantidad creciente de empresas, en las últimas décadas. “Reconocer los vínculos entre los derechos humanos y la prevención de la corrupción, ayuda a las empresas a cumplir su responsabilidad de respetar los derechos de una manera sistemática y estructurada, y en definitiva a insertar la noción de respeto a los derechos en la cultura corporativa”, comentó Sánchez Lay. “El manejo de riesgos, tanto de corrupción como de afectaciones a los derechos humanos, presenta desafíos comunes”. Tenemos que “mirar de forma objetiva cómo impactan las actividades de la empresa o cualquier organización en los derechos de las personas”, agregó el experto.
Cabe destacar, que recientemente, la Convención de Naciones Unidas en Contra de la Corrupción llamó a la comunidad empresarial a comprometerse con la nuevas y mejores medidas de anticorrupción haciendo énfasis en los posibles efectos adversos, reconociendo que la corrupción podría afectar de manera desproporcionada a las personas más desfavorecidas de la sociedad, atentando contra el Desarrollo Sostenible. Es por esto, que instó al sector privado a promover y divulgar información sobre metodologías para la evaluación de sus áreas con especiales vulnerabilidades, expuestas a mayores riesgos de corrupción, para así también instar a la comunidad empresarial a comprometerse con la prevención de la corrupción.
Por otra parte, Andrea Ruiz, Directora General del Consejo para la Transparencia, presentó algunas cifras nacionales respecto a transparencia y anticorrupción, destacando que Chile en los últimos 4 años ha descendido 6 puestos en el ranking de Transparencia Internacional, situándose en el lugar 27 en el año 2018. “Estamos en una crisis de confianza que se caracteriza por el aumento de casos de corrupción y faltas a la probidad, un riesgo real para nuestra democracia”, señaló Ruiz.
Luego de estas intervenciones se dio paso a un panel de discusión compuesto por Francisco Sánchez Lay; Andrea Ruiz; Yoab Bitran, Director para Latinoamérica, LRN Corp; Jeannette von Wolffersdorff, Directora de la Bolsa de Comercio de Santiago y Directora Ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile; y Giordano Luna, Gerente General de Profile y moderador del evento.
El panel abordó temáticas relacionadas con las empresas y la lucha contra la corrupción; los desafíos de la debida diligencia, Derechos Humanos y Compliance corporativo. En relación a este último punto, es importante destacar que se ha evidenciado que el sector privado ha comenzado a aplicar, en materia de prevención, el Compliance Corporativo y la denominada “Cultura de Integridad”. Es por eso, que tanto Naciones Unidas como la OCDE han presentado guías prácticas para implementar programas de Compliance, las que declaran que su principal objetivo es lograr mercados justos, a la vez que competitivos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran interrelacionados, y tienen su correlación en Derechos Humanos, por lo que es necesario incorporar este enfoque en el sector privado, junto con detectar qué tan efectivos son los planes de compliance y cómo pueden aportar en la Agenda 2030.
Pacto Global de las Naciones Unidas insta a las empresas a actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno; junto con apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
A continuación puedes ver la transmisión completa del encuentro:
