Por Leonardo Márquez Espinoza, subgerente de Medio Ambiente de Empresas Iansa.
Es un hecho que los estándares y requerimientos en sostenibilidad asociados a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) han aumentado considerablemente desde el inicio de la pandemia. Como sabemos, el factor ambiental abarca principios para tomar decisiones en base a cómo las actividades de las empresas afectan al medio ambiente, el social tiene en consideración la repercusión que tienen en la comunidad las actividades desempeñadas por una compañía: por ejemplo, definiciones sobre diversidad, derechos humanos o acciones en seguridad y salud ocupacional. Finalmente, la gobernanza abarca el impacto que tienen los propios accionistas y administración y se basa en cómo funcionan y se interrelacionan los consejos de administración, derechos de accionistas, medidas anticorrupción y transparencia entre otros.
Debemos considerar, además, que estos criterios no sólo sirven para la toma de decisiones, sino que también son útiles para mejorar el intercambio de información de las empresas con otros entes del mercado de capitales, por ejemplo entidades financieras, bolsas de comercio, etc. Estos criterios sirven como método de evaluación de transparencia y rendimientos de empresas
respecto a finanzas sostenibles y acceso a capital.
De esta forma, hay muchas empresas que ya han empezado a trabajar en estos criterios, generando, gestionando y controlando KPI´s, planificando actividades, haciendo mejora continua, compartiendo estos resultados en forma interna y externa, es decir, incorporándolos en el quehacer diario de la compañía. Pero el camino de estos criterios no se detiene en la frontera intraempresarial, además, han abordado la cadena de suministro, en donde cada uno de los integrantes, que para efectos prácticos vamos a identificar como proveedor – empresa– cliente está interesado en conocer y evaluar cómo los eslabones de esta cadena abordan este desafío. Esto, ya que las compañías lo ven como parte fundamental de su análisis de riesgo de abastecimiento y reputacional.
Un análisis rápido se enfoca sólo en empresas que cuentan con los recursos para abordar plenamente estos criterios, pero, ¿Qué ocurre con los integrantes de la cadena de suministro que no tienen los medios para abordar estos criterios? Hay pequeños productores y PYMES que probablemente no hayan oído de estos criterios ASG ¿Qué ocurre u ocurrirá con ellos? ¿Cómo los integramos a esta tendencia que llegó para quedarse? Hay que tener en cuenta, que al momento es una tendencia “voluntaria”, ¿Se podrá convertir en obligatoria?
Mi opinión, es que hay que buscar fórmulas para integrarlos, diagnosticando en primera instancia cuál es su línea de base respecto a estos criterios, ¿Cumple o tiene estándares sobre alguno de los mismos? Luego, podemos generar análisis de brecha que nos ayude a determinar objetivos específicos a cumplir y que cierren estas brechas. En este punto, creo que las empresas que tienen más recursos son fundamentales para apoyar al pequeño productor y este pueda, finalmente, trazar una hoja de ruta para cumplir con estos criterios.
