que “aunque el Estado no tenga leyes que protejan los Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos”.
En la instancia, el experto hizo un resumen de los diferentes instrumentos de consulta que existen hoy en el mundo, como el Convenio 169 de la OIT –donde Chile es firmante junto a otros 21 países–, además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estrenado el 2007.
Así, explicó que dichos instrumentos de Derechos Humanos se fundamentan en “principios de Derechos Humanos de aplicación universal, afirman derechos colectivos al enfocarse en el contexto de los pueblos indígenas, promueven el modelo del estado multicultural o plurinacional, son instrumentos de reparación y derivan legitimidad del hecho de que los pueblos indígenas fueron involucrados en su elaboración”.
Además, indicó que la consulta a los pueblos indígenas es “una norma central en el régimen internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas” y que la “debida diligencia de las empresas y otros actores no estatales deben respetar los derechos de los pueblos indígenas”.
“Los actores que pueden afectar los Derechos Humanos no sólo son los Estados, sino que las empresas, para bien o mal”, finalizó.
Posterior a la exposición, se pasó a un panel de expertos que contó con la presencia de Kirsten Schapira, Especialista Principal en Normas Internacionales y Relaciones Laborales OIT; Federico Aguirre, Unidad de Estudios Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); Matías Abogabir, Ex Jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social; y Fernando Olea, Gerente General de Minera Hierro Atacama (filial de CAP Minería).
En dicha conversación, se llegó a la conclusión de que “mientras no seamos capaces de reconocer la existencia del otro, será difícil avanzar en la materia”, explicó Aguirre, y según éste mismo, “hay preocupación de las empresas por incorporar a los pueblos indígenas en sus procesos, pero aún no es suficiente”.
